Código de Ética

ARTÍCULO 16. El desempeño de la función pública implica la responsabilidad de ejercer un mandato legal y popular con el propósito de realizar debidamente todas aquellas actividades que corresponden al Estado en los ámbitos Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que buscan satisfacer necesidades colectivas para que estas se desarrollen dentro del marco vigente del Estado de Derecho.

Las necesidades colectivas se refieren a las condiciones indispensables para lograr el desarrollo político, económico y social de la población, en términos de igualdad de oportunidades y posibilidades.

ARTÍCULO 17. Todo priísta en el ejercicio de un cargo público, debe cumplir las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las disposiciones particulares de los Estados y Municipios. Especialmente con sus declaraciones patrimoniales, y evitando el conflicto de intereses.

El Partido Revolucionario Institucional observará la vigilancia y la administración del patrimonio que se encuentre en manos de cualquier priísta, para evitar el uso indebido de los recursos.

ARTÍCULO 18. Ningún Dirigente o Servidor Público de origen priísta podrá discriminar a otro, por razones de género, edad, prejuicio social o cualquier otra causa en el ejercicio de las tareas y responsabilidades que tenga encomendadas.

ARTÍCULO 19. Es obligación y responsabilidad de los militantes del Partido custodiar y cuidar la documentación e información que tenga bajo su responsabilidad, impidiendo el mal uso, la sustracción, la destrucción, el ocultamiento o la inutilización indebida de la misma.

ARTÍCULO 20. Es una obligación de los militantes, cuadros y dirigentes abstenerse de continuar en el ejercicio de sus funciones, después de concluido el periodo para el cual se le designó o de haber cesado en él por alguna otra causa.- Igualmente renunciará a desempeñar otro empleo o comisión oficial que la ley le prohíba.

ARTÍCULO 21. Para ratificar una vez más nuestra posición de no utilizar recursos del Estado en la acción política, los militantes deberán abstenerse de emplear, por cualquier medio, recursos físicos, financieros o humanos provenientes del patrimonio estatal en sus distintos niveles, así como recibir apoyos financieros de personas con patrimonio de dudosa procedencia.

ARTÍCULO 22. Ningún militante del Partido podrá propiciar o autorizar la selección o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente, por disposición de la Ley o por los Estatutos del Partido, para ocupar un cargo de elección popular o comisión en el servicio administrativo.