Programa de Acción

Desarrollo regional y urbano con equilibrio

130. El impulso al desarrollo regional requiere planes, programas y acciones concertadas, coherentes y complementarias, sustentadas en un marco jurídico renovado y de inversión multianual, que fortalezca el desarrollo regional y nacional, con equidad, atendiendo el bienestar de las familias; al crecimiento económico con empleo e ingreso remunerativo; en convivencia con un medio ambiente sustentable y con atención a disparidades regionales.

131. El desarrollo regional se debe sustentar en el impulso a programas de infraestructura, capacitación, innovación y difusión tecnológica, desarrollo de actividades productivas y consolidación de mecanismos de organización social, con el propósito de ser competitivos en lo global e impulsar el desarrollo local, que tienda a un desarrollo regional más equilibrado, con una visión interestatal y nacional de mediano y largo plazos. Nuestro compromiso es:

132. Desarrollar nuevos instrumentos para la gestión urbana, el ordenamiento de nuestras ciudades y el derecho a la ciudad, que mejoren las condiciones de habitabilidad; que generen oportunidades de tierra y vivienda para todos los grupos de ingreso; pongan en valor nuestro patrimonio; consoliden y mejoren la vivienda, la infraestructura, el equipamiento, los espacios abiertos y los servicios como mecanismos de compensación social; nos prevengan de desastres naturales; preserven el medio ambiente; y sean un marco eficaz de vida y bienestar.

133. Revisar y fortalecer nuestro marco jurídico en el ámbito nacional y, restablecer en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, una comisión a cargo del desarrollo urbano, para fortalecer la concurrencia y coordinación; establecer leyes reglamentarias; así como fomentar la coordinación y congruencia en las leyes locales; y fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento urbano; al dotar a los municipios de instrumentos que permitan atender a la problemática urbana con capacidad y transparencia.

134. Implementar nuevos instrumentos jurídicos, financieros y administrativos en las áreas metropolitanas, que reconozcan el fenómeno y establezcan una nueva ley reglamentaria; que defina instrumentos de coordinación, planeación, inversión, financiamiento, gestión, fomento y participación social; que responda a principios de obligatoriedad y permanencia de las instituciones.

Vivienda digna: espacio para la familia

135. El derecho a una vivienda digna es una garantía constitucional. Por tal motivo, deben establecerse sistemas que apoyen la producción social y atiendan a toda la población, en particular a la de escasos recursos en los ámbitos rural y urbano, con programas de vivienda nueva y mejoramiento de viviendas existentes, que mejoren las condiciones de habitabilidad y den cumplimiento a este derecho, reconociendo su prioridad. En este sentido, en el PRI estamos a favor de: