Programa de Acción

276. Buscaremos activamente fortalecer la capacidad de decisión de la Cámara de Diputados en la distribución y ejercicio de los recursos públicos. Promoveremos que se sancione la simulación y el subejercicio del gasto público, bajo cualquier modalidad, y propondremos nuevos métodos de evaluación y rendición de cuentas de la acción pública para combatir la corrupción y favorecer la transparencia.

277. Pugnaremos por una equitativa y transparente distribución de los recursos extraordinarios procedentes de los altos precios del petróleo, canalizándolos prioritariamente a la inversión productiva y al desarrollo de infraestructura.

278. Consideramos fundamental hacer eficiente y transparente el sistema de recaudación fiscal, todavía complejo e injusto en su orientación, puesto que enfatiza a los causantes cautivos. Es indispensable simplificar realmente los trámites tributarios y combatir de manera efectiva la evasión y elusión de pago de impuestos de los grupos de más altos ingresos, así como el contrabando y la corrupción del sistema aduanero en su conjunto.

279. Para el PRI es causa prioritaria promover la seguridad jurídica del contribuyente; la regularización fiscal de quienes operan en la informalidad; la eliminación de impuestos que afecten la capacidad competitiva de nuestras empresas; una lucha frontal contra el contrabando; y generar condiciones estables para los pequeños contribuyentes.

280. Vamos a retomar con nuevas propuestas un federalismo hacendario renovado, que apoye y propicie un mayor equilibrio en la distribución de atribuciones fiscales y recursos entre los tres órdenes de gobierno; un federalismo que logre superar, de una vez por todas, la dependencia de los gobiernos estatales y municipales de las participaciones federales, y que haga posible revertir las inequidades que subsisten en la distribución de estos recursos entre los Estados y los Municipios.

281. La orientación social y regional del gasto federal debe también ser reconsiderada. Los sesgos inerciales afectan seriamente la posibilidad de lograr un desarrollo más equilibrado en el territorio nacional. Las regiones más necesitadas reciben recursos de una manera desordenada por la ausencia de estrategias de promoción del desarrollo regional consensuadas con los propios actores de esas regiones.

282. Por ello, en el PRI iniciaremos un conjunto de acciones que fortalezcan a los gobiernos locales, su capacidad de planeación y de integración programática, para que logremos orientar el desarrollo regional del país.

283. Promoveremos que se defina una política de financiamiento a estados y municipios, acordada con todos los gobiernos locales, para que se maximice el potencial de recursos con que esos gobiernos puedan atender las demandas sociales.

284. Por otra parte, el patrimonio de los gobiernos debe ser considerado, también, en la política hacendaria integral que promoveremos. Muchos bienes inmuebles del gobierno federal y de los gobiernos locales no están regularizados, no pagan impuesto predial, con el consecuente impacto en las finanzas municipales, y no son utilizados para poder conseguir recursos adicionales. Por estos motivos promoveremos también una política de patrimonio público.