Programa de Acción

64. Involucrar a los sectores sociales en el proceso de procuración e impartición de justicia, en especial en la orientación y aplicación de las políticas, así como en reforzar los consejos ciudadanos y la defensoría de oficio. Particular importancia deberá darse al garantizar servidores bilingües en la defensa en los procesos penales que involucren a integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.

65. Impulsar la autonomía del Ministerio Público con el fin de dotarlo de ámbitos de competencia más favorables en la consecución de sus objetivos, sin que ello signifique el debilitamiento del Estado.

66. Velar por la gradual y correcta instrumentación de los juicios orales, lo cual implica que la profesionalización de los funcionarios públicos sea de forma estricta y apegada a los principios de selección y capacitación, el apego irrestricto a la legalidad para erradicar viejas prácticas que fomenten la arbitrariedad, corrupción e impunidad, así como establecer las bases para el Sistema Acusatorio previsto en la Ley Fundamental, derivado de la reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal.

67. Revisar diferentes ordenamientos en lo relativo a la regulación del cambio de régimen laboral para policías, agentes del Ministerio Público y peritos.

68. Impulsar medidas legislativas a partir del siguiente ejercicio presupuestal, con la finalidad de que la Cámara de Diputados destine los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal, con una visión multianual, pues si bien se señalan ocho años como máximo para la implantación del sistema acusatorio, hay disposiciones específicas que obligan a un plazo diferente para su aplicación.

69. Impulsar reformas a la Constitución para fortalecer el juicio de amparo como medio de defensa y control constitucional; consolidarlo como instrumento de protección de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales; así como eliminar tecnicismos y formalismos excesivos que han dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, su ámbito de protección.

70. Diseñar nuevos mecanismos de control constitucional, a fin de modernizar la justicia constitucional en México y garantizar su eficacia. En consecuencia, resulta prioritario hacer una redistribución de competencias entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales y juzgados federales, con el objeto de que el máximo tribunal deje de conocer cuestiones de legalidad y se concentre en el control de la constitucionalidad, para así consolidarlo como tribunal constitucional.

71. En suma, estamos decididos a llevar a cabo las acciones pertinentes, a efecto de perfeccionar el marco legal e institucional que establezca un sistema de justicia eficiente, moderno, ágil y transparente, que responda a las necesidades actuales de la sociedad en su conjunto, otorgándole certeza y seguridad jurídica plenas.