El sistema de partidos y la afirmación de la pluralidad política tienen su impulso definitivo con la reforma electoral de 1977. Es a partir de entonces que los partidos son reconocidos en la Constitución como entidades de interés público. La visión de esa iniciativa priísta no puede ser escatimada ni debe olvidarse; ella tuvo lugar con una oposición que parecía diluirse cuando en 1976 el candidato postulado por el Partido no enfrentó adversario alguno para la elección presidencial. Esa propuesta fue aprobada cuando el viraje hacia las dictaduras de derecha se encontraba en pleno auge en el sur del continente, con sus dramáticos saldos de represión y violación de derechos humanos. En un marco que llamaba al autoritarismo en Latinoamérica, México abrazaba la democracia. Eso lo debemos recordar y de ello nos debemos enorgullecer.
El PRI recorría el trayecto hacia una democracia plural y competitiva, a través de grandes transformaciones en el sistema electoral; fundamentalmente, en torno a las normas para la organización de las votaciones, las características de la institución encargada de ello, el sistema para la calificación de los comicios y la regulación de los partidos como entidades de interés público, con una vida institucional fortalecida a través de las disposiciones legales.
Frente a la crisis electoral de 1988, el PRI miró, una vez más, hacia la democracia. En 1989 se inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminan en 1996; este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía a la organización de los comicios, crearon el órgano jurisdiccional para la calificación electoral y lograron construir bases de equidad entre los partidos políticos en la competencia por el poder público. En efecto, el PRI logró una permanencia como partido en el gobierno que continuó más allá de lo alcanzado por otros partidos en regímenes democráticos, pero el balance de su gestión es también único si se ubica en el punto de partida de una democracia incipiente, con antecedentes de inestabilidad y fracturas, cercana todavía a los enfrentamientos propios de la etapa revolucionaria y con gran influencia o dependiente de quienes tenían mando de fuerzas armadas.
El punto de partida fue difícil; no menos fue el camino subsecuente, surcado por amenazas y riesgos de distintas fracturas. Con el PRI en el poder, el país registró siempre un comportamiento en línea ascendente hacia la democracia; los desaciertos y equívocos de quienes ejercieron responsabilidades públicas están sujetos a revisión en los términos de las leyes y quien se compruebe que cometió ilícitos debe responder por ello. El PRI se pronuncia por la necesidad de llevar hasta sus últimas consecuencias legales el combate a la corrupción y se deslinda de los militantes que hayan cometido actos de esa índole, pues ponen en entredicho la honorabilidad de los miembros del Partido.